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                                     Política

Como lo consagra la Constitución Política de 1980, Chile es un Estado unitario, con un territorio dividido en regiones. La soberanía radica esencialmente en la nación, quien la ejerce a través de la elección de sus representantes por medio del sufragio o tomando decisiones particulares a través del plebiscito.

El sistema político chileno es la democracia republicana. Pese a existir la división clásica de los poderes, los politólogos concuerdan en que la Constitución de 1980 define otros poderes o funciones, como las del Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Consejo de Seguridad Nacional y otros órganos.

La forma de gobierno es la República presidencial, lo que se traduce, básicamente, en que el Presidente de la República es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Consecuentemente, en esta autoridad se han concentrado amplias facultades, entre las que se cuentan: la iniciativa exclusiva en diversas materias de ley; la imposición de estados de excepción constitucional; la posibilidad de dictar Decretos con Fuerza de Ley (previa ley delegatoria de facultades por parte del Congreso); la convocación a plebiscitos; y naturalmente el nombramiento de los ministros de Estado, y un cuerpo importante de funcionarios que colaboran con él en la administración del Estado, etc.

El moderado optimismo – que comenzaban a proyectar los sufridos partidarios del gobierno de Piñera – no pudo haber sido abortado de forma más demoledora, a pocos días de terminarse el año. Aunque los resultados de la esperada y reveladora encuesta CEP se preocupa de recordarle a toda la clase política del progresivo y abismante déficit de legitimidad – que el orden institucional vigente continúa incubando – aparece el gobierno de Sebastián Piñera, y la coalición que lo sustenta, como los más dañados.

Además de anunciar un nuevo record de impopularidad gubernamental, la encuesta CEP advierte del inicio de un posible proceso “de contagio” con las mejores cartas presidenciales de la centro-derecha. Lo último sería fatal para una coalición que imperiosamente debe prolongar su periodo en el poder, si desea evitar un proceso de desgaste y desintegración aún más catastrófico que el experimentado por la Concertación. Desalentadoras noticias para un gobierno que ni siquiera ha logrado entusiasmar con cifras de crecimiento económico envidiables en un contexto global de franca desaceleración y pesimismo. El año 2012, el escenario se tornaría bastante más complejo si tomamos en cuenta que los primeros efectos de la crisis financiera – que ha azotado a los países más desarrollados – ya empiezan a sentirse en Chile y resto de la región.

Por consiguiente, la gran desaprobación ciudadana por el estado de la educación (sector que requiere de la concentración de grandes recursos para responder a su mejoramiento), difícilmente podrá ser atendida en un clima económico global de contracción y austeridad fiscal extrema.  Es decir, las condiciones internas y externas se vislumbran como muy apremiantes para una coalición y una administración que – en apenas dos años – han canalizado un nivel de descontento y frustración ciudadana a gran escala.  A falta de recursos (y/o de grandes voluntades), para impulsar un nivel de desarrollo mucho más sustentable y genuino, el ámbito de lo político se asoma como el camino más viable a corto plazo para descomprimir una acumulación insostenible de desencantos con la vía institucional chilena.

A dos años de terminar su mandato, irónicamente las circunstancias presionan a Sebastián Piñera a ser el presidente que termine el lentísimo periodo de transición política chilena, a ser el presidente que definitivamente se ocupe de derribar los obstáculos más perdurables de una constitución redactada en dictadura. En este plano, junto a la adopción de la inscripción automática y voto voluntario, una reforma sustancial al sistema electoral binominal podría convertirse en una fórmula práctica y perceptible, a la hora de enfrentar el gran desencanto  con la clase política y el status quo que fomenta sus peores vicios.

Aun cuando la existencia de un sistema electoral – extraño a la diversidad histórica arraigada en el sistema de partidos chileno – solo sea considerada como un problema urgente por un porcentaje insignificante de chilenos, esta misma percepción sufre un vuelco masivo, al momento de evaluar la necesidad de modificar el sistema binominal en su esencia.

Hasta el ex – presidente Lagos aprovechó la oportunidad de embarcarse en una reforma que ya parece inevitable, catalogando de “cáncer” para nuestra democracia la existencia de una camisa de fuerza electoral que oprime a la diversidad. Por cierto, lo que el ex – presidente Lagos se ahorró de recordar es que – a la larga – hasta su propia coalición aprendió a valorar, defender   y  “lucrar” de un sistema ideado por las mentes más creativas que tuvo a su disposición la dictadura militar.

Resultaría absurdo – entonces – que el primer representante de la centro -derecha en interrumpir la era concertacionista, sea el que impulse con éxito la modificación de la ley electoral – y en particular – de un sistema electoral que emerge como uno de los mayores  obstáculos a la hora de exigir a la clase política mayor transparencia, seriedad y respeto por la capacidad intelectual de sus electores.

Ésa es la oportunidad más atractiva de Piñera y su gobierno, la ocasión de revitalizar la olvidada transición, optando por desmantelar un sistema electoral que terminó por recompensar transversalmente un cinismo agobiante, la colusión y la exclusión política.

“A dos años de terminar su mandato, irónicamente las circunstancias presionan a Sebastián Piñera a ser el presidente que termine el lentísimo periodo de transición política chilena, a ser el presidente que definitivamente se ocupe de derribar los obstáculos más perdurables de una constitución redactada en dictadura”, por Carlos Salas Lind.